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En los últimos años, cualquier profesor de Enseñanza Media es consciente de la fiscalización a la que se ve sometido su trabajo. Lo percibe en las crecientes demandas de los padres, en el análisis de los, así llamados, expertos y en unos medios de comunicación que, por lo general, prestan su altavoz a los últimos gritos de la pedagogía avant-garde. Pero, sin duda, quien más hostil se muestra con los profesores es la misma Administración que los contrata. Lejos de defender sus propios procesos selectivos, las Consejerías de Educación refuerzan el mensaje de que el principal problema no reside en las deficiencias del sistema, ni tampoco en el clima moral de una sociedad que considera el estudio apenas como un trámite engorroso para obtener un título. Muy al contrario, el patrón propaga a los cuatro vientos que sus contratados son, en líneas generales, una pandilla de incompetentes.

Para que la tesis nos quede clara, los Equipos de Inspección han incrementado su celo intervencionista hasta límites que rayan en lo grotesco. Hablo por experiencia propia, pero también en nombre de muchos colegas que me han hecho llegar el relato de sus tribulaciones con nuestros muy castizos “hombres de negro”. Lo que más llama la atención es que las “actuaciones” de estos equipos suelan iniciarse con una enmienda a la totalidad. La tesis vendría a ser que los profesores hacen mal su trabajo. Y digo los profesores, porque, a día de hoy, el trabajo en las Escuelas de Primaria no da la impresión de haberse puesto en tela de juicio.

No hace falta ser muy listo para apreciar la inverosimilitud de que todo un claustro pueda estar compuesto, íntegramente, por:

a) Cincuenta inútiles que han aterrizado en un aula como podrían haberlo hecho en una plantación de tabaco.

b) Cincuenta vagos, incapaces de revisar sus prácticas un curso tras otro.

c) Cincuenta sádicos, dichosos de infligir el mayor daño posible a sus alumnos.

Siendo esto evidente, debemos preguntarnos por aquello que motiva a los inspectores a juzgar de manera tan sumarísima a un nutrido grupo de profesionales. Para empezar, porque la inspección, azuzada desde las instancias políticas, actúa como una máquina de expender ideas preconcebidas. Sea como fuere el análisis del centro, las conclusiones vendrán a ser siempre las mismas, sustentadas en una serie de teorías pedagógicas que conforman una variante gremial del pensamiento único: la preponderancia de la observación directa sobre los exámenes, la valoración taumatúrgica de las nuevas tecnologías, la separación artificiosa de competencias y contenidos. Es decir, una visión parcial de lo que significan los procesos de enseñanza, y que, por lo demás, no goza del consenso científico necesario como para que sea impuesta de forma colectiva a miles de alumnos. Frente a estas ideas monolíticas, que la normativa vigente no obliga a acatar, el profesor descubre que el debate le ha sido escamoteado, y que lo que el inspector plantea como propuestas de mejora es, aunque ilegítima, una orden velada. En muchos casos,  discutir tales propuestas le acarrea al inconformista un intimidante acoso burocrático: requerimiento de papeles, documentos, programaciones, actas, y, en suma, cualquier legajo en que el adiestrado ojo censor pueda descubrir un defecto de forma. No obstante, los profesores deberían saber que el inspector no puede pedir cualquier cosa, sino sólo aquellas a las que obliga la ley. Y que, asimismo, cualquier solicitud que se le haga al docente debe realizarse por escrito y venir acompañada del pertinente fundamento legal.

Para llegar a la conclusión de que los profesores son muy malos, los equipos de inspección actúan contradiciendo los mismos principios que defienden. Así, les basta con entrar en clase un sólo día, una sola hora, para deducir la incapacidad del docente inspeccionado. Si ese día no emplea el ordenador, se dirá que es refractario a las TIC. Si ese día un alumno de quince o dieciséis años interrumpe de forma grosera la lección, se dirá que el profesor carece de la autoridad necesaria. Si ese día los alumnos no interactúan en grupo, se dirá que el profesor abomina del trabajo en equipo. Etcétera. Es decir, la misma observación directa que el profesor debe consignar a diario para calificar a sus doscientos alumnos es de la que están exentos los inspectores a la hora de evaluar el desempeño de un solo docente . Por el contrario, el inspector se sentirá inclinado a considerar como buenas prácticas educativas lo que, en otro tiempo, no eran sino meras actividades extraescolares: un huerto, una zona ajardinada, un concurso de murales, una gymkana, unas jornadas por la paz. Incluso aunque ni siquiera haya sido testigo de cómo se han desarrollado estos proyectos ni qué grado de participación han tenido los alumnos. Lo accesorio, pues, antes que lo primordial.

Detrás de esta clausura dialéctica, de esta mordaza ideológica, no hay, desde luego, un interés por lo que saben los alumnos. Eso nunca se pone en cuestión. En la reuniones con el inspector se habla, fundamentalmente, de resultados; con independencia, claro está, de que dichos resultados se ajusten a la realidad. Se habla, y mucho, de porcentajes, de tal modo que uno tiene la impresión de estar siendo reprendido por el jefe de ventas de una fábrica de inodoros. Pues lo que de verdad importa es la cantidad más que la calidad, la apariencia por encima de la esencia, la estadística triunfando sobre la singularidad. El fin de estas visitas a los centros es conseguir el mayor número de aprobados posible, y para tal fin se pondrán todos los medios, hasta los más espurios. Este es, por supuesto, un fin político.

Valga como ejemplo una de las recomendaciones oídas: si, como es cada vez más palmario, los niños apenas saben leer y escribir un texto que merezca tal nombre, lo que debe hacer el instituto es poner en suspenso la impartición de asignaturas para convertirse en un centro de alfabetización básica. El tiempo que sea necesario. Poco importa que esa no sea, en modo alguno, la función de un instituto de Enseñanza Media. Nada importa que se esté dando legitimidad a una estafa. Reducidos a esta condición de logopedas, los profesores se preguntan cuál es, entonces, el cometido de la Escuela Primaria. No hay respuesta.

En tal situación, a los claustros sólo les queda como recurso conocer bien sus derechos, saber a qué están obligados y a qué no. Y, por encima de todo, preservar una dignidad profesional que desde tantos frentes está siendo amenazada.

La cuestión es si todos somos conscientes de estar perdiéndola con cada día que pasa.

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