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A estas alturas, se han dicho ya muchas cosas acerca del aumento en el horario docente dictado por la Consejería de Educación madrileña. El debate, claro está, no se limita a este incremento en la carga de trabajo, sino a otros aspectos colaterales como el freno a la contratación de interinos o los privilegios de la enseñanza concertada. La reacción de los profesores ha sido, a diferencia de otras ocasiones que también pedían un grito de protesta, rápida y contundente. Y, como suele ocurrir en estos casos, la sospecha de ideologismo y de intereses espurios en uno y otro lado flota en el aire viciado de las dosespañas.

¿Cómo explicarle al ciudadano el cómo y el porqué de la ira profesoral? ¿Cómo matizar los argumentos maximalistas de políticos, medios y líderes sindicales en esta época de recesión y cinco millones de parados? Veamos.

En primer lugar, las palabras de Aguirre afirmando que los profesores “sólo trabajan 18 horas” son inaceptables por falsas. Ha rectificado y pedido disculpas, aunque tarde y con la carnicería publicitaria ultimando el despiece de todo un cuerpo de funcionarios. Poco más hay que decir sobre esto, excepto que mucho tendrá que afinar en el futuro Doña Esperanza para que los profesores la admitan de nuevo en el coro.

En segundo lugar, la extensión a 20 horas está contemplada en la legislación, si bien es verdad que con un carácter excepcional limitado a las necesidades particulares de cada centro. Al convertirlo en medida universal, se entiende que lo extraordinario es la crisis económica que arrastra el país, la cual obliga a un mayor aprovechamiento de los recursos demasiado humanos. No hay dinero, en suma.

Esto conlleva que muchos interinos no sean contratados, lo que no significa que sean despedidos. La interinidad es, por definición, eventual, aunque pueda resultar doloroso en muchos casos; especialmente, los de aquéllos que en su día aprobaron la oposición pero no obtuvieron plaza.

Los argumentos del poder político son económicos, pues. Por su parte, los sindicatos mayoritarios afirman que la calidad de la enseñanza se verá mermada por la falta de profesores. Sostienen que no se podrán hacer desdobles, que afectará a las tutorías y a la atención personalizada del alumno. En realidad, lamentan que no se puedan seguir poniendo parches a lo que es, desde hace años y con su comprado silencio, un sistema en ruinas. Las decenas de planes, refuerzos y proyectos que se han incorporado desde que la LOGSE es LOGSE no han servido para que el nivel de la enseñanza aumente. Antes al contrario, ha sido con excusa de estas inversiones estériles que se ha mantenido una estructura obsoleta y ya por completo inservible. Todos estos añadidos, así como la obsesión por las ratios bajas y la demanda de más y más recursos, constituyen la excrecencia caótica de un cadáver. Ya ni los más veteranos recuerdan cómo era posible dar clase a 40 alumnos y no estar loco. Y el caso es que se podía.

Ahora se hace difícil soportar clases de más de 25. Quien tenga alguna duda sólo tiene que probar a ponerse delante de uno de esos heterogéneos grupos de 1º o 2º de ESO que abundan en los institutos públicos. Este que les escribe tiene visto cómo todo un señor policía perdió los estribos en una sola charla frente a un auditorio de las características citadas. Un policía. Así que no estamos hablando de los viejos tiempos, sino de unos en los que el ethos académico, la curiosidad intelectual y la disciplina han hecho mutis por el foro.

En estas circunstancias, no es descabellado que los profesores perciban el aumento de horas lectivas como la última agresión de unos políticos que jamás han escuchado otras voces que no fueran las suyas o las de sus esbirros sindicales. No es que los profesores no estén dispuestos a hacer un sacrificio, sino que no deberían hacerlo a cualquier precio. El problema es ponerse de acuerdo en las condiciones de este quid pro quo, pues también entre quienes imparten clase existe una polarización, digamos, pedagógica, que hace imposible compartir según qué tipo de demandas.

Imaginemos el siguiente escenario. Yo, profesor, estoy dispuesto a asumir 20 horas de docencia directa (lo cual es un recorte de mis condiciones laborales), si usted, legislador sapientísimo, está dispuesto a recortar en lo que sigue:

Subvenciones a sindicatos. En vista de que su trabajo es infructuoso, se trata de una partida innecesaria que puede suponer un ahorro de 30 millones de euros al año.

Plan de Igualdad en Educación.

– Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, vulgo Plan del Soborno.

– Ecoescuelas.

– Programa de Gratuidad de Libros de Texto.

– Programa de Gratuidad de Ordenadores.

– Becas antiabandono.

– Pruebas de Diagnóstico.

– AGAEVE (Agencia Andaluza para la Evaluación Educativa).

– Plan PROA.

– Plan ESFUERZA.

– CEPS de formación del profesorado.

Etc.

(NOTA: algunos de estos planazos son exclusividad de la muy idiosincrática Comunidad Andaluza).

Seguro que en algo de todo eso podrá hacerse una poda de la que no se resentirá el sistema educativo, siendo así que un muerto no siente ni padece.

Si ni por ésas mejoran los niveles, pueden probar a recuperar para los institutos el cometido que siempre les fue propio: preparar para estudios superiores (de ahí lo de Enseñanza Media). Y atender a la diversidad de intereses y capacidades proveyendo de itinerarios alternativos a quienes no sientan la llamada de la Universitas. Restableciendo, en fin, el espíritu ilustrado de toda formación académica que se precie de serlo.

Quizá así los padres dejen de morderse los tobillos por una plaza en la concertada. Quizá de ese modo los profesores no se tiren a su yugular por dos horas más de clase.

La pregunta es: ¿les interesa, señorías?

No me respondan ahora. Háganlo después del segmento de ocio.

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