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Lunes, 23 de noviembre de 2009. Diario El Mundo.

La Justicia exige “profesión de fe” para escolarizar a hijos en centros concertados

Las noticias, a menudo, son como esas matrioshkas rusas que  esconden réplicas de sí mismas en su interior. Si nos quedamos en la superficie, la tentación de iniciar un debate sobre la posibilidad de que un Juzgado exija pruebas de fe a los ciudadanos nos retrotraería a oscuras épocas inquisitoriales. Lo que no deja de ser irónico en unos tiempos en que la tribuna laica, a menudo erigida sobre el cadáver de Montesquieu, es mucho más coactiva que cualquier institución religiosa.

Si abrimos la primera muñeca, lo que llegamos a saber es que la decisión, todo lo discutible que se quiera desde un punto de vista jurídico, responde a una realidad bastante más mundana. Dicha sentencia

“acaba de poner coto a la avalancha de demandas de padres solicitando plaza para sus hijos en un centro confesional, que en los últimos años había obligado a ampliar la ratio en no pocas instituciones”.

Por tanto, la sentencia no exige una prueba de fe en todos los casos, sino que trata de establecer un criterio de selección a partir de un hecho probado: que la demanda de estos centros supera con creces la oferta. El que el criterio elegido observe sólidos fundamentos de derecho es un asunto que no vamos a tratar aquí. Pero sí es pertinente señalarlo:

Los padres de la menor escogieron como segunda opción un colegio público. Esto, a ojos del juez, no demuestra una “clara, inequívoca e incondicional voluntad” de que su hija sea educada en un centro religioso. Es decir, aceptar esta alternativa laica como segunda opción es lo que ha provocado que se desestime inicialmente su petición primera y haya debido entrar en un sorteo que, al fin, excluyó de las listas a la hija de los demandantes.

Sigamos desembarazándonos de más figurillas folclóricas. La pregunta es: ¿Por qué tantos padres solicitan plazas en centros concertados? Aún mejor: ¿Por qué unos padres escogen dos opciones en principio antagónicas? Se nos ocurre pensar que acaso no se muevan por principios morales, sino de eficiencia. Que, en caso de ser firmes, son capaces de arrumbar sus convicciones con tal de que los hijos reciban una enseñanza de calidad. Que muchos de ellos buscan escapar de un sistema público deficiente y que, por tanto, otorgan a la naturaleza confesional del centro una importancia de segundo grado en su jerarquía de prioridades.

La verdadera noticia, como suele ocurrir, no se manifiesta en un debate cuasi teológico sobre la probidad de la fe, controversia no menos folclórica que los sarafanes de las muñequitas rusas. Como en la polémica sobre Ciudadanía, crucifijos y demás, la confrontación Iglesia-Estado es la primera matrioshka bajo cuyo perfil torneado y colorista quedan sepultados los verdaderos problemas de la Enseñanza.

Y el principal problema es que muchos ciudadanos empiezan a desconfiar de las garantías pedagógicas de los centros públicos, lanzándose en masa a los colegios de titularidad privada. Pese a todo, muy pocos parecen poner en cuestión la legitimidad del Estado a la hora de ostentar un monopolio tan infructuoso. En lo que se traduce todo esto es en que aquellos colegios que gozan de un cierto prestigio se ven desbordados por una demanda creciente, hasta el punto de que ciertas sentencias parezcan adentrarse, con una primera lectura, en materia mística y hasta soteriológica.

La última muñequita, la que espera al final de sucesivos vientres hinchados por la hipocresía, el “espectáculo” y la falacia, confía en que alguien la rescate y la llame por su nombre.

Libertad.

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